Los Rostros del Olvido

Desde el contacto inicial con las potencias coloniales, los pueblos indígenas vivieron un holocausto que supuso la desaparición de muchos de ellos y condenó a los supervivientes a la marginación, la invisibilidad, el expolio de sus territorios y sus riquezas, la explotación de su mano de obra y la negación de sus culturas. Podría parecer que hoy esto se ha superado y que las poblaciones indígenas han dejado de estar amenazadas. Incluso se habla de cooperación para el desarrollo con los pueblos indígenas. Pero ¿permite la globalización hacer real esta cooperación?
En la segunda mitad del siglo XX, los indígenas comienzan a organizar sus luchas en el marco de movimientos sociales de transformación de los Estados, lo que cuajó en reconocimientos legales tanto constitucionales como de Derecho Internacional, culminando en la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, estos reconocimientos no han mejorado la situación de los indígenas en el mundo, ya que sus derechos individuales y colectivos siguen siendo violados.
Desde los años 80, la Cooperación Internacional ha acompañado a los pueblos indígenas en diversos aspectos de sus luchas reivindicativas:
- Fortalecimiento organizativo.
- Exigencia de derechos, visibilización de la problemática indígena, participación indígena en foros internacionales.
- Apoyo a programas de desarrollo propio, como educación bilingüe intercultural, demarcación y titulación territorial, recuperación cultural.


- Diseño reciente de una cooperación específica con pueblos indígenas que toma en consideración sus peculiaridades culturales y se basa en la realización de sus derechos colectivos.
Pero el balance es tan desalentador como el relativo a los derechos y, salvo excepciones, apenas hay avances en muchos de los temas abordados. Por el contrario, la dependencia de la cooperación, el empobrecimiento general y las amenazas a la supervivencia han aumentado.
Comercio vs. Cooperación
¿A qué se debe esta contradicción entre las declaraciones de derechos y la cooperación, por una parte, y la situación de postración y dependencia de los pueblos, por otra? La causa es otra contradicción, menos visible pero igualmente aguda, entre las políticas de cooperación para el desarrollo y las de comercio exterior de los países donantes. Ambas apuntan en direcciones opuestas y tienen diferente peso en el conjunto de la política exterior de los países desarrollados: las comerciales merecen más esfuerzo presupuestario y, sobre todo, un mayor compromiso político.
Las políticas comerciales de los países donantes son coherentes con la globalización, entendida como un conjunto de normas internacionales, políticas económicas y reformas jurídicas que buscan la liberalización del comercio, la reducción del papel de los Estados en la economía y la mercantilización progresiva de cada vez más aspectos de las relaciones sociales y productivas. Estas normas se imponen a través de distintos mecanismos:
1.La coacción desarrollada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) a través de los planes de ajuste estructural exigidos como condición de la financiación externa. 2. Los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (OMC). 3. Los tratados de libre comercio. 4. Las políticas nacionales de renuncia al desarrollo e inserción en la economía globalizada.


Exigencias de la globalización
Existe una contradicción fundamental e insoslayable entre el paradigma de los derechos colectivos de los pueblos indígenas (territorio, autodeterminación, elección de un modelo propio de desarrollo) y el paradigma de la globalización.
Desde los años 80, la globalización impone a los países menos desarrollados la acelerada privatización de sus empresas públicas y de prestación de servicios sociales, lo que tiene especiales consecuencias sobre los pueblos indígenas, la privatización de la salud está acabando con la prestación del servicio en lugares recónditos y de difícil acceso, donde viven muchos pueblos cazadores y recolectores.
Como ocurre con el resto de los campesinos del Tercer Mundo, las normas de la OMC acaban con la seguridad y la soberanía alimentarías de los pueblos indígenas. Las trabas al libre intercambio de semillas y la competencia de las importaciones subsidiadas en origen, así como la renuncia a la intervención estatal en favor de campesinos e indígenas, condena a la miseria a una tercera parte de la población mundial, que depende para su subsistencia de la agricultura local. Por otra parte, la libre introducción de cultivos transgénicos amenaza con suprimir la variedad de cultivos que han practicado durante milenios.
El derecho colectivo al territorio entra en contradicción con los intereses de las empresas trasnacionales (ETN). La globalización reserva a los países en desarrollo un papel muy determinado en el comercio internacional: el de importador de bienes y servicios de las empresas transnacionales y exportador de productos agroindustriales y recursos naturales (a través de las mismas). La economía especializada exportadora exige la utilización de territorios indígenas para monocultivos agroindustriales, la explotación de los recursos naturales y la biodiversidad, la realización de infraestructuras, operaciones militares y cultivos ilícitos.
Los pueblos indígenas viven hoy una dramática paradoja. Los territorios que han conservado durante siglos, gracias a un modelo de desarrollo diametralmente opuesto al occidental, son anhelados por los actores del capitalismo, que han acabado con otras zonas del planeta.
Las últimas regiones que conservan lo que el capitalismo más codicia son recónditos territorios indígenas, pero este éxito está llevándolos al grave peligro de su desaparición como pueblos y a la degradación irreparable de los territorios.
Cuando todas estas amenazas se ciernen sobre los territorios indígenas, sus autoridades pueden negarse a que se realicen las actividades que las comportan, en virtud de los derechos reconocidos.
La contradicción entre éstos y el paradigma de la globalización se activa entonces, y diversos actores públicos y privados violan esos derechos. La presión de las políticas globalizadoras es tan grande que la lucha es hoy por la supervivencia como pueblos, muchos de ellos, principalmente cazadores recolectores, en grave peligro de desaparición.
La globalización hace imposible la viabilidad de los proyectos de cooperación con pueblos indígenas, pues los resultados del proyecto no pueden seguir produciéndose o manteniéndose por sí mismos al finalizar éste. En realidad, esto es posible únicamente cuando el Estado receptor de la cooperación tiene programas de desarrollo, presta asistencia técnica, capacitación, crédito, subsidios a los campesinos, indígenas u otros sectores. Pero el modelo globalizador exige la renuncia al desarrollo, a la intervención del gobierno en la economía, a la protección y promoción de los sectores más dependientes y vulnerables.
Debemos afrontar conscientemente esta contradicción y exigir a los gobiernos de los países donantes la transformación de sus políticas comerciales, haciendo de la cooperación con los pueblos indígenas un instrumento eficaz en el apoyo a sus modelos de desarrollo y el efectivo cumplimiento de sus derechos humanos.
Cultura, identidad y cosmovisión indígena
A pesar de la gran heterogeneidad entre los más de 400 pueblos indígenas en términos lingüísticos, de organización social y de formas de relación con el medio natural, existe una gran homogeneidad en los principios básicos que rigen las expresiones específicas de cada uno de los pueblos.

Entre estos principios fundamentales se encuentra una visión del hombre no como dueño sino como parte integrante del entorno natural, la preponderancia de la comunidad sobre el individuo, los principios de la reciprocidad y la redistribución que primen sobre la acumulación de bienes y recursos, así como fuertes valores éticos y espirituales en la relación con el entorno natural y con la comunidad.

La cosmovisión de los pueblos indígenas se basa en la relación armónica y holística en todos los elementos de la Madre Tierra al cual el ser humano pertenece pero no la domina. De esta forma el concepto de la acumulación es muchas veces ajeno a la cultura indígena, y de hecho la mayoría de los idiomas indígenas carecen de conceptos como ‘desarrollo’, ‘riqueza’ o ‘pobreza’. En la cosmovisión indígena no existe la lógica de un proceso linear progresivo, sino más bien conceptos como la circularidad, el futuro que al mismo tiempo es pasado, el tiempo que se rige por los ciclos naturales del movimiento de los planetas y de los ciclos estacionales y agrícolas.

Su racionalidad económica no es de acumulación sino de relación armónica con el entorno y uso respetuoso de los recursos naturales para el bienestar de toda la comunidad. Por lo tanto en la economía indígena rigen los principios de reciprocidad y redistribución para que todos los miembros de la comunidad tengan acceso a los mismos niveles de bienestar.

Muchas veces en el diálogo entre indígenas y no indígenas, los indígenas cuestionan el uso del termino ’pobreza’ como calificador de su situación frente a otros sectores de la sociedad. Más bien, suelen enfatizar la ‘riqueza’ que constituyen sus territorios y recursos naturales, su patrimonio cultural, su organización social armónica y la ausencia de vicios que resulten de la cultura de consumo y desperdicio que despliegue la sociedad dominante. Esto no significa que los pueblos indígenas no quisieran mejorar su condición socio-económica, al contrario demandan acceso a mejores servicios de educación y salud, a oportunidades para mejorar su producción e ingreso, a una participación equitativa en los procesos de definición de políticas y programas a nivel nacional. Sin embargo, insisten en que esta articulación con la sociedad que los rodea debe darse con el pleno respeto a sus propios principios y no a pesar de ellos.

La organización social indígena y el ejercicio de autoridad y poder reflejan estos mismos principios de armonía, equilibrio y consenso. La democracia indígena es participativa (no representativa) y enfatiza la necesidad de diálogo y consenso, priorizándose el papel de los ancianos como las autoridades cuya sabiduría y mayor cercanía al mundo de los ancestros pueden mejor vigilar sobre el equilibrio y el bienestar de la comunidad.

Los conocimientos y prácticas milenarios del manejo del medio ambiente y de los recursos naturales también se reflejan en los sistemas de atención a la salud, que pone énfasis en el mantenimiento del equilibrio del individuo con la comunidad, con el medio natural y con el mundo de los ancestros y de los espíritus. En esta forma holística de atención a problemas de salud no es la curación de síntomas sino la restauración del equilibrio que predomina. En esto contexto el uso de plantas medicinales, el rol de las parteras, curanderos, herbólogos y sacerdotes y las prácticas shamanisticas son partes integrales de la medicina indígena.

Creemos que el proceso de globalización, con todos sus aspectos negativos, abre, sin embargo, la posibilidad de romper con los esquemas de subordinación en que se encuentran sometidos los pueblos indígenas. Por muchos años, los pueblos indígenas han estado sujetos a un rígido control que por lo general, llega a la marginación absoluta, por parte del grupo hegemónico. Sin embargo, dentro de las transformaciones que conlleva la mundialización, puede darse lugar al desarrollo de estrategias de interacción social que partan de las propias bases de la sociedad, sin depender sustancialmente de sus cúpulas.

No obstante, para que estas oportunidades sean reales, se requiere de estados propiciatorios, tales como la educación, la capacitación en materia de autogestión, la asesoría para la conformación de microempresas, que sólo pueden ser asumidas por el estado. Es decir, la globalización ofrece posibilidades derivadas de la interrelación tan estrecha que se da hoy en día en los países del orbe, pero este factor no puede ser la panacea, debido a que el desarrollo requiere de otras condiciones políticas, económicas y sociales, que solo pueden ser posibles mediante el replanteamiento del estado moderno y, específicamente, de los sistemas de gobierno.

Los Marginados entre los Marginados

Los primeros en rechazar la globalización
son los indígenas por que saben
no estan invitados a la fiesta.

Miguel Ángel Contreras Nieto


Se considera como pueblos indígenas americanos, a la suma de pueblos nativos que vivían en América antes de la llegada de los europeos, así como a sus descendientes. Según cálculos, en el continente americano, a la llegada de los europeos, habitaban noventa millones de indígenas, diez de estos poblaban el actual territorio de Estados Unidos y Canadá, y el resto, es decir ochenta millones estaban distribuidos en lo que hoy conocemos como Latinoamérica, región en la que, hoy en día, viven alrededor de 26. 3 millones de indígenas, distribuidos en 600 pueblos.

Como puede evidenciarse, de manera paulatina pero constante, la población indígena de América Latina ha ido en decremento, lo cual demuestra las dificultades que los pueblos indígenas enfrentan para su desenvolvimiento. Sin duda, primero el europeo conquistador, y posteriormente, el mestizo, no hemos sabido respetar el derecho que tienen los indígenas para habitar y desarrollarse en este amplio continente.

En este sentido, puede afirmarse que la situación actual de los pueblos indígenas de Latinoamérica, es en muchos aspectos idéntica a la que vivieron poco después de la conquista europea: enfrentan los peores niveles de pobreza en la región y viven al margen de los procesos de toma de decisiones que determinen el rumbo del desarrollo de cada uno de los países de los que forman parte. Un buen ejemplo de ello lo constituye la ciudadanía, asunto que aunque formalmente es reconocido, en la práctica cotidiana dista mucho de realizarse, pues la condición social que posibilita la capacidad para participar a plenitud en la vida económica, social, cultural y política de la sociedad, queda únicamente en un solemne enunciado, lejano de la vida diaria de los pueblos indígenas latinoamericanos.

El problema que representa la situación de menoscabo a los derechos de los pueblos indígenas, es de capital importancia para América Latina, por dos razones fundamentales: por un lado los mestizos, conjuntamente con los indígenas, representan en forma mayoritaria, la población de los países latinoamericanos.

Por citar solo algunos casos, podemos señalar que representan más del 90% de la población de Ecuador, Chile, Honduras, El Salvador y Paraguay. Es indudable que América Latina tiene una muy importante deuda con respecto a su herencia indígena y con los grupos étnicos asentados en la región actualmente.

Por otra parte, resulta una verdad incontestable que las poblaciones indígenas y mestizas, con mucha frecuencia marginadas, han impulsado radicalismos políticos tales como la teología de la liberación, o levantamientos armados. De manera tal, que es incluso una cuestión de seguridad para los propios países de América Latina, encontrar esquemas para fomentar la participación de los indígenas en el proceso de desarrollo.

El escenario parece aún mas complejo si se considera que el proceso de globalización que experimentamos, es decir, la interrelación e interdependencia entre las distintas sociedades del orbe, se esta presentando de una manera vertiginosa.

Las sociedades todavía no se adaptan a un cambio, cuando ya son testigos y muchas veces objeto de nuevas transformaciones. Si en la actualidad los modelos de gobierno y los sistemas sociales latinoamericanos no han sido lo suficientemente incluyentes como para otorgar un lugar digno a los grupos indígenas, en este nuevo escenario, su capacidad de respuesta parece ser aún más incierta.

Desde la Revolución Industrial, iniciada en 1880, una y otra vez hemos observado cómo el desarrollo de una revolución tecnológica o económica que genere riqueza, no siempre se traduce en un incremento del bienestar de la sociedad. Esa es la paradoja a la que nos enfrentamos los países latinoamericanos y en especial, nuestros pueblos indígenas que son, desgraciadamente, en la mayoría de los casos, marginados entre los marginados.


En términos muy generales, los pueblos indígenas en Latinoamérica presentan, en su estructura social, una base económica fundamentalmente campesina y la presencia de pequeños sectores medios; al mismo tiempo, en muchos casos la pequeña burguesía comercial y burocrática que se encuentra dentro del territorio étnico es de composición mestiza, esta conformada por la población regional.

Desde siempre, las naciones ubicadas en el territorio latinoamericano, han estado conformados por una gran variedad de pueblos, entre los que se encuentran los indígenas, sin embargo, a estos últimos, en la praxis, a pesar de tener una voz propia, en buena medisa se les ha negado el derecho a participar en la toma de decisiones, especialmente en lo relativo a los asuntos que les atañen, y mucho menos han podido formar parte en la construcción del estado nacional. Esto ocurre, no obstante que los propios latinoamericanos, de manera paradójica, reconocemos orgullosos nuestra condición de mestizos.

En varios países de esta región, persiste la utópica idea de conformar una nación con una sola cultura y una sola lengua. Frente a esa concepción, y a otras más brutales, como la del darwinismo social, que promueve la supresión de los pueblos indígenas y los considera culpables del atraso de América Latina, estos pueblos, los indígenas, mantienen su empeño por la supervivencia, por proteger sus costumbres y sus valores, por preservar su cultura.

El interés de los estados latinoamericanos por integrarse al proceso de globalización, los ha conducido a aceptar, mayoritariamente, el modelo neoliberal, que privilegia las ventajas competitivas, consistentes en la posibilidad ofrecida por la capacitación y la tecnología, para producir artículos a menor costo; evidentemente, bajo este esquema, con dificultad, un país poco adelantado puede competir en cualquier ámbito contra uno más desarrollado. Equivocadamente, se considera que neoliberalismo y mundialización son sinónimos o cuando menos, conceptos interdependientes.

Así, los grupos indígenas ven mermadas sus posibilidades de participación real en el desarrollo de un país cuyo modelo económico se basa en el principio de la heterogestión, es decir, en la dirección y gestión de los asuntos de todos por unos pocos distintos de aquellos.

A todos los gobiernos les resulta conveniente buscar la integración de los pueblos indígenas, al concepto de identidad nacional, pero desgraciadamente, la mayoría de las veces lo visualizan como capital político o como un factor de riesgo para su estabilidad. Por ello, el nivel de participación de dichos grupos en la toma de decisiones, es muy limitado si se considera que los términos en que se busca su incorporación son determinados de manera unilateral por el propio gobierno. Así, estos pueblos se enfrentan al dilema de perder su herencia cultural para integrarse a una sociedad occidentalizada, en la que predominan los mestizos, o bien, ser objeto de segregación por parte de la sociedad.

Como un ejemplo de ello, vale recordar que en 1940, por iniciativa del gobierno de México, se reúnen todos los países o estados americanos que tienen población indígena en sus territorios, con el objeto de elaborar una estrategia para integrar al desarrollo, a los pueblos indígenas. Bajo esta vía se creo el Instituto Indigenista Americano, como una especia de fábrica de métodos científicos integracionistas. En esta lógica, para los Estados, los términos indígena, étnico y nativo equivale a gente insuficiente que requiere de las obras de beneficencia y evangelización, así como de la protección integracionista. A la par, campesino es una denominación clasista de carácter laboral civilizado. Según los ideólogos de esta corriente, son términos que reivindican la condición inferior que significa ser indio.

Puede decirse, sin embargo, que aunque de manera insuficiente, la participación de los indígenas en la actividad cotidiana de sus respectivos países, ha experimentado algunos avances. De esta manera, en 1979 en Bolivia, se logró que dos representantes indígenas fueran electos como diputados e integrarán el Parlamento Nacional. Esta victoria se visualiza en su real dimensión si se considera que en ese país, los indígenas constituyen el 70% de la población.

Después de 1980, el movimiento indígena se divide de manera clara en dos tendencias: la política y la apolítica. La primera, según el intelectual indígena Asunción Ontiveros, parece ser la más aceptada ya que implica una identificación con el estado nación correspondiente, bajo la premisa de que todo avance en las difíciles condiciones de subsistencia de los indígenas, debe ser garantizado por las respectivas legislaciones de esos países por eso afirma: “Si pretendemos una ley que reivindique nuestros derechos territoriales, esa ley tendrá su origen en los parlamentos. Pero para que esto ocurra, debemos hacer prevalecer nuestra presencia cultural y política dentro de la sociedad republicana. Para que las soluciones tengan en verdad espíritu indio, nuestro movimiento está forjando su propia ideología y filosofía cuya base es la que heredamos de nuestros antepasados, pero que también incorpora la de otras civilizaciones, la de otros continentes, y que hoy son patrimonio nuestro”. La segunda tendencia, por su parte, se fundamenta en el no reconocimiento del estado y propugna una solución radical que la enfrenta, incluso violentamente, a las instituciones estatales.

Para lograr una inserción cabal de los indígenas al desarrollo de un país, es necesario que el estado replantee muchos de sus paradigmas, como la visión que se tiene, dentro del modelo neoliberal globalizador, de que la tierra es una mercancía y un recurso productivo cuyo destino y uso debe decidirse en función de consideraciones como productividad y relación costo - beneficio. Para los pueblos indígenas, en cambio, la tierra es una entidad viva, es historia y es visualizada como la madre fértil que provee protección y sustento. Este conflicto refleja una oposición de paradigmas mucho más profunda de lo evidente, pues al asumirse como indígena, un individuo esta afirmando, entre otras cosas, una relación muy específica con la tierra.

Es necesario que los gobiernos de la mayoría de países latinoamericanos, replanteen sus relaciones con sus respectivos pueblos indígenas, que modifiquen su actitud hacia ellos y les permitan de manera más plena al propio estado, para lo cual debe comenzar por una nueva política en materia lingüística.

A lo largo y ancho de América Latina subsisten pueblos indígenas cuyos derechos humanos, de facto, han sido no solo relativizados sino incluso en ocasiones negados, imponiéndoseles por lo regular, patrones racistas, con los que velada o abiertamente se ha pretendido apartarlos de sus orígenes e historia. Este proceso se ha realizado en aras de un supuesto objetivo nacional, que ha buscado asimilarlos a la cultura nacional y despojarlos de su identidad particular.

A partir de la llegada de los europeos, los indígenas del continente americano comenzaron a padecer la imposición de modelos culturales extraños a ellos, por sobre sus costumbres; se les impusieron modelos socioeconómicos que van en contra de su cosmovisión y se les confino en selvas, desiertos y sierras.

El sector más pobre y explotado de América Latina, desde hace mucho tiempo, lo constituyen los pueblos indígenas. En gran proporción, sobreviven al margen de la vida económica, política, social y cultural de sus países, o se alquilan como mano de obra no calificada. De tal suerte que su condición socioeconómica los hace enfrentar condiciones de vida infrahumanas.





Conclusiones

Creemos que el proceso de globalización, con todos sus aspectos negativos, abre, sin embargo, la oportunidad con los esquemas de subordinación a que se encuentran sometidos los pueblos indígenas. Por muchos años, como se sabe, los pueblos indígenas han estado sujetos a un rígido control, que por lo general, llega a la marginación absoluta, por parte del grupo hegemónico constituido, en el caso de los países latinoamericanos, por los mestizos. Sin embargo, dentro de las transformaciones que conlleva la mundialización, puede darse el desarrollo de estrategias de integración social que partan de las propias bases de la sociedad, sin depender sustancialmente de las cúpulas.

No obstante, para que estas oportunidades sean reales, se requiere de factores propiciatorios, tales como la educación, capacitación en materia de autogestión, la asesoría para la conformación de microempresas, que sólo pueden ser asumidos por el estado. Es decir, la globalización ofrece posibilidades derivadas de la interrelación tan estrecha que se da hoy en día en los países del orbe, pero este factor no puede ser la panacea, debido a que el desarrollo requiere de otras condiciones económicas, políticas y sociales que solo pueden ser posibles mediante el replanteamiento del estado moderno y, específicamente, de los sistemas de gobierno.

Como afirma Roberto Mangabeira Unger, se requiere de un estado fuerte, con presencia, donde los ciudadanos cuenten con instrumentos como la iniciativa popular para revocar mandatos, donde haya un Ministerio Público independiente e instituciones que protejan verdaderamente de los abusos de poder. Es necesario también que ese estado, regule de manera real y efectiva las operaciones comerciales a fin de evitar que se constituyan, de facto, cárteles y oligopolios como ocurre en la actualidad en toda América Latina, en ese sentido, es necesaria la reorientación del estado hacia las micro y medianas empresas, la apertura de canales entre el ahorro y la inversión. Es imprescindible asimismo, que el estado garantice un conjunto básico de derechos humanos con la intención de corregir las desventajas económicas y sociales.



Las demandas políticas del conglomerado latinoamericano, se resumen en los siguientes aspectos:

Defensa y recuperación de sus tierras. El vínculo con la tierra es un tema recurrente en la temática indígena.

Reconocimiento y aceptación por la sociedad nacional de las lenguas indígenas y su uso, así como la especificidad étnica indígena.

Adaptación del sistema educativo a las necesidades culturales del grupo étnico indígena y el control de la comunidad sobre las escuelas.

Derecho y tratamiento igual por parte del Estado y cese a los abusos, la discriminación, el racismo.

Protección contra la violencia y los abusos practicados contra los indígenas por lo no indígenas.

Rechazo de la actividad religiosa misionera (aunque algunos grupos indígenas reconocen la ayuda que han recibido de los sectores progresistas de la iglesia).

Rechazo de los programas indígenas gubernamentales tecnocráticos y paternalistas que les han sido impuestos contra su voluntad y sus intereses y sin su participación efectiva.

Mayor participación política indígena en el manejo de sus propios asuntos y, en general, rechazo del sistema partidista tradicional.

300 Millones de Olvidados

En el mundo viven unos 300 millones de indígenas repartidos en más de 70 países. El próximo martes 9 de agosto se celebra el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas. Herederos de una cultura y de una respetuosa relación con el medio ambiente, los pueblos indígenas de todo el mundo comparten los mismos problemas en la defensa de sus derechos y el reconocimiento de sus identidades. Es el caso de las comunidades indígenas irulas de la India y de los chorotegas de Mosonte en Nicaragua que luchan, con el apoyo de Ayuda en Acción, para recuperar su cultura y tradiciones y hacer que sus reclamaciones sean escuchadas.

5 de agosto de 2005.- En la India, el tsunami que el pasado 26 de diciembre asoló las costas del sudeste asiático no solo afectó a las comunidades pesqueras que vivían a orillas del mar. Otros colectivos, menos visibles e históricamente marginados, fueron igualmente golpeadas por el maremoto. Es el caso de las comunidades indígenas irulas, que sólo en el Estado de Tamil Nadu conforman más de 150.000 personas.

Los irulas son seminómadas, no poseen tierras, presenta altos niveles de analfabetismo y viven de la caza, la recolección y la pesca tradicional, en asentamientos aislados y en las desembocaduras de los ríos. Tradicionales moradores de los bosques donde se dedicaban a cazar ratas y serpientes y a vender miel, cera o leña, el Gobierno indio declaró ilegal hace tres décadas (Ley de Protección de Bosques de 1976) su medio de vida. En ese momento abandonaron forzosamente su aislamiento y se desplazaron cerca de otras comunidades tratando de encontrar nuevos sustentos que no han conseguido sacar a estos adivasi o aborígenes de la situación de extrema pobreza y marginación en la que viven.

Explotados desde entonces en los más diversos trabajos, los irulas sobreviven trabajando las tierras de los terratenientes en condiciones de semiesclavitud y de la pesca en canales y aguas interiores donde también recolectan lombrices que venden a los criaderos de gambas. Los irulas han sido clasificados por el Gobierno indio como “comunidades tribales catalogadas”, lo que en teoría les facilita el acceso a una serie de recursos de los que se ven privados en la práctica: educación, sanidad, diferentes tipos de ayudas, títulos de propiedad de sus tierras… Ni tan siquiera poseen documentos que acrediten su identidad.

El tsunami no ha hecho más que agravar esta situación de exclusión y marginalidad. Considerados por el Gobierno y las comunidades de pescadores “no afectados directamente” por la catástrofe porque sus pérdidas no han sido “comparables” a las de los pescadores, lo cierto es que los irulas han sido apartados de las ayudas desde el primer momento y segregados dentro de los campos de desplazados. Vivir de la basura

Así sucedió en el campo de Muttakkad, donde 23 de estas familias irulas vivían apartadas del resto por ser considerados “inferiores”. Marginados por completo por este motivo, no recibían la asistencia necesaria y ni tan siquiera poseían las cartillas de racionamiento que permitían acceder a los bienes básicos distribuidos por el Gobierno. La situación se veía agravada porque nadie supervisaba el reparto de unas ayudas que los pescadores impedían que llegaran a los irulas, que mientras tanto sobrevivían escarbando entre la basura. Ayuda en Acción y ActionAid India, organización a través de la que trabajamos en el país desde 1982, se ocuparon desde el primer momento de atender a estas comunidades y de poner fin a esta situación de discriminación. En colaboración con la ITWWS (Irulas Tribal Women Welfare Society), ActionAid distribuyó, durante las primeras semanas, ayuda humanitaria y asistencia médica a estas 23 familias. Desde hace varios meses, estas familias viven en refugios temporales que ellos mismos han construido en los terrenos comprados por nuestra Organización y cedidos en propiedad en Nemelli; un emplazamiento a 7 kilómetros del campo de desplazados de Muttakkad. Nuestra Organización también les ha facilitado nuevos aparejos, redes de pesca y 16 bicicletas.

“Pero de lo que estamos más orgullosos es de que la tierra en la que vivimos es nuestra, de nuestra propiedad, y eso nos hace sentirnos mucho más libres”, asegura Kalaiselvi, coordinadora irula de la ITWWS en Nemelli.

ActionAid, ha planificado una intervención a largo plazo en materia de educación, sanidad, vivienda y medios de vida para todos los irulas afectados por el tsunami. “Esta será la primera generación irula que vaya a la escuela y eso desde luego va a suponer muchos cambios positivos para nuestra comunidad”, afirma Kalaiselvi, Renace la cultura indígena de Mosonte
Mosonte se encuentra en Nueva Segovia, un departamento al norte de Nicaragua en la frontera con Honduras. En la actualidad viven en el municipio 7.700 habitantes, el 88% descendientes de indígenas chorotegas. Una comunidad indígena que enfrenta pobreza, analfabetismo y un asilamiento político, geográfico y social. Sin embargo, frente a otros pueblos indígenas, la posesión de la tierra, reconocida por un Título Real de 1773 otorgado por la corona española, constituye un patrimonio sobre el que esta comunidad indígena está construyendo su propio desarrollo.

Además de estos problemas -moneda común para los más de 300 millones de indígenas que hay en el mundo-, los chorotegas de Mosonte han tenido que afrontar el deterioro de su identidad cultural y la pérdida progresiva de sus tradiciones y costumbres. La influencia de otros pobladores y la identificación durante doscientos años del indígena con “atraso y subdesarrollo” hicieron mella en la cultura indígena de Mosonte. La llamada “trasculturización” se tradujo entonces en la asunción de ciertos patrones culturales ajenos y el desprecio de los propios.
Para detener esta pérdida y contribuir al rescate de la identidad cultural y del patrimonio histórico de la comunidad indígena, Ayuda en Acción Nicaragua ha publicado un libro elaborado por el propio Pueblo Indígena de Mosonte. En coordinación con el Ministerio de Educación nicaragüense, este material está permitiendo que profesores de primaria y secundaria de la zona transmitan a sus estudiantes sus propias raíces.

Se trata con esto de que las mujeres y hombres indígenas redescubran y valoren su historia y preserven y fomenten su cultura a partir de sus propias capacidades.
“El Estado nicaragüense reconoce la existencia de los pueblos indígenas que gozan de los derechos, deberes y garantías consagrados en la Constitución”, comenta Haydée Castillo, coordinadora de Ayuda en Acción en Nueva Segovia. “Esta publicación es un paso más para avanzar de un Estado legal a otro cada vez más real”, explica Haydée. La cultura de Mosonte se basa en un sincretismo religioso que combina la tradición católica e indígena. Con esta publicación, en la que se incluyen leyendas, cuentos, canciones y mitos de los indígenas de Mosonte, los estudiantes conocen la historia de un pueblo como el chorotega integrado por más de 92.000 indígenas concentrados en el norte de Nicaragua.
Desde el año 2000, Ayuda en Acción viene apoyando al Pueblo Indígena a través del fortalecimiento de sus instituciones. Es el caso del Consejo de Ancianos, organismo desaparecido en 1927 y que gracias al esfuerzo de los habitantes de Mosonte y del apoyo de nuestra Organización volvió a constituirse en 2003. En la actualidad, el Consejo de Ancianos supervisa el buen funcionamiento de las instituciones de los indígenas de Mosonte.

“Los pueblos indígenas de Nicaragua históricamente hemos tenido que enfrentarnos a distintas amenaza de nuestros derechos, afirma Fermina Gómez, alcaldesa de vara del Consejo de Ancianos de Mosonte. Hoy nos encontramos dentro de un proceso reivindicativo de nuestros derechos ancestrales”.

Para Ayuda en Acción nuestro compromiso con las comunidades indígenas persigue encontrar, construir y desarrollar junto a ellos y ellas, proyectos de vida digna, reafirmar su identidad cultural y fortalecer a los representantes de estas comunidades para que trabajen con otras organizaciones tribales para que su voz y sus denuncias sean escuchadas y tenidas en cuenta.
Ayuda en Acción es una Organización No Gubernamental para el Desarrollo que, desde 1981, trabaja para mejorar las condiciones de vida de las comunidades más desfavorecidas, en 17 países de Asia, África y América, en los que impulsamos proyectos gracias al apoyo económico de más de 187.000 españoles.

Voces Clandestinas

LAS ALAS DEL DESEO

“Robó, pero trabajó el cínico lema que identifica a los gobernantes de los años noventa que con el dinero de las privatizaciones alentadas por el dogma liberal hicieron obra popular y fortuna personal”.

Singular denominación para el primer capítulo de la obra del periodista Humberto Jara, expresa con cierta ironía una cualidad en común de los personajes que intervienen en las esferas de poder cívico - militar del oscuro gobierno de Alberto Fujimori enquistado durante cerca de once años en la cima del poder político del país.

En los inicios de los ataques armados terroristas en la sierra central, en concreto en el departamento de Ayacucho se desató una respuesta militar que solo puede ser catalogada como actos de barbarie. Los operativos militares en los cuales se atacaba ferozmente a las pobladores de los distritos cercanos a las ubicaciones de las incursiones senderistas tenían como finalidad demostrar la frialdad moral con la cual los militares estaban dispuestos a responder, pues es evidente que en aquellas incursiones a los poblados no encontrarían a los responsables de los viles ataques a militares. Así esperaban los militares cohesionar a los pobladores a no apoyar las actividades terroristas, similar lógica era utilizada por las organizaciones senderistas como resultado se efectuaban sangrientos episodios de asesinatos colectivos a los pobladores a quienes ambas organizaciones (militares y senderistas) proclamaban proteger. En el texto Humberto desarrolla la descripción de uno de aquellos episodios. Tras el ataque a unidades militares quienes se dirigían a la base de Huamcapí el ejercito realizó una incursión militar al poblado de Cayara asesinando a todos los habitantes que allí se encontraban, utilizar la táctica de disparar primero preguntar después no parece pues nada razonable.

Este acto bárbaro fue difundido en los medios de comunicación nacional ocasionando enormes críticas a los responsables directos en los altos mandos militares, se decidió iniciar una investigación judicial lo cual constituía un peligroso escenario que invadía la impunidad con la que se desenvolvían los militares en nuestro país. Es así como el periodista establece el punto de inicio de las maniobras y situaciones que permitieron a Vladimiro Montesinos Torres recuperar sus conexiones con los altos mandos militares.


El caso Cayara aparece para Montesinos como una invaluable oportunidad para demostrar la necesidad de mantenerlo cercano a los ámbitos de poder, valiéndose de las conexiones judiciales logra diluir las intenciones de sanción judicial a los militares, en dicho proceso conoce al mayor Santiago Martin Rivas quien también escribió parte de la historia de devastación y sangre que soporto nuestra sociedad. En las sociedades de los países denominados hasta el cansancio tercer mundistas opera en los aparatos estatales la corrupción, en el Perú la historia no es distinta, así a inicios de la década de los noventa obtiene el cargo de presidente de la república Alberto Fujimori un desconocido ingeniero quien asume la responsabilidad de gobernar un país que afrontaba serios problemas socio - económicos.

Se constituía así una dupla de poder Fujimori - Montesinos quienes inician una extensa organización de corrupción la cual les permitiría mantenerse en el poder un buen tiempo, uno de los principales problemas sociales lo constituían la inestabilidad social producto de la violencia desatada por el movimiento terrorista Sendero Luminoso quien mantenía un asedio constante a la población por un periodo de siete años para cuando ambos personajes asumen el poder.

Los sistemas de combate y control que efectuaban las fuerzas del orden eran ineficaces contra el accionar terrorista, ante la evidente derrota en el combate se opta por utilizar estrategias que violan los derechos humanos mas fundamentales, la denominada guerra de baja intensidad en la cual se organizaban operativos de aniquilamiento contra los militantes terroristas eran la conclusión de todas las actividades que efectuaba los estados para combatir las acciones terroristas.

El contexto que afrontó nuestro país producto de las equivocadas decisiones de un grupo de personas que afectaron a miles de personas, los pormenores de las acciones de combate que adoptó el gobierno y la armada narradas en este libro pretenden demostrar la participación y responsabilidad de los hombres de poder.





VOCES CLANSDESTINAS

“Para Fujimori, Montesinos y las Fuerzas Armadas solo quedaba un camino para enfrentar al enemigo oculto, utilizar el horror de la muerte como respuesta, el accionar clandestino como método; el golpe psicológico como sistema”.

La guerra de baja intensidad tenía como elemento esencial la clandestinidad, considerada insustituible para lograr infiltraciones en el enemigo, seguimiento, escuchas telefónicas, capturas no oficiales, obtención de arrepentidos, asesinatos selectivos, desaparición de militantes y, por cierto, anonimato del personal involucrado en las acciones.

Así se describe la metodología que adoptó el gobierno de Alberto Fujimori para combatir y erradicar las acciones senderistas, ahora procesado por los crímenes y abusos a los derechos humanos cometidos durante su gobierno y de acuerdo a lo que se pretende demostrar bajo se responsabilidad, situación que niegan quienes disfrutaron del embeleso del poder en su mandato y esperan retomar en años próximos y las personas que nublan su juicio pues durante el gobierno fujimorista recibieron el denominado apoyo social como segmento de las acciones de política populista presente desde siempre en los gobiernos peruanos.

Fujimori y compañía utilizan como escudo político la mención repetitiva del logro de la desactivación total de sendero luminoso, apreciación errada igual que su metodología, pues se consiguió reducir el campo de acción de la organización terrorista. Resulta pues que Alberto Fujimori asegura ahora no conocer las actividades ilegales de los comandos militares contra las secciones senderistas y pobladores desprotegidos en los andes peruanos. Entonces el afirma ser responsable de derrotar a la agrupación senderista pero desconoce estas actividades inhumanas.

Voces Clandestinas proporciona detalles de las actividades militares en la propuesta clandestina para combatir a Sendero Luminoso, es necesario mencionar que la guerra clandestina es un mecanismo de acción militar bastante difuminado en Latinoamérica.


Montesinos en ese contexto decidió montar en torno a las fuerzas armadas un grupo de poder en los cargos y responsabilidades militares de su total control para desplegar el sistema de guerra ya mencionado. Posicionó en cargos estratégicos a militares amigos dispuestos a obedecer sus instrucciones. Debe entenderse las razones reales que contribuyeron a optar por la fórmula que consideran quienes respetan la vida de las personas como equivocada, ambos Montesinos y Fujimori son personajes oscuros, adictos al poder, entonces para mantenerse vigentes debían solucionar de forma efectiva los problemas que aquejaban a nuestra sociedad: el terrorismo uno de ellos. La efectividad que requerían no permitía utilizar los mecanismos adecuados para enfrentar una organización desde cualquier óptica más equivocada que los gobernantes a quines acusaban de responsables de la pobreza y exclusión de las mayorías en nuestro país.

Las narraciones detalladas de las labores militares que se presentan en el libro son producto de las pesquisas realizadas por el autor a dos personajes vinculados estrechamente en esta situación. El mayor Martin Rivas y Carlos Pichilingue integrantes ambos de la agrupación denominada Colina, organización militar designada a elaborar los planes de acción y responsables de los operativos de aniquilación de conocimiento común de los ciudadanos. Su testimonio ahora, en el ámbito del proceso a Fujimori, contradictorios demuestran las posiciones que adoptan en tanto ellos cumplen una larga condena en prisión por asesinar senderistas violando derechos básicos inherentes a todas las personas desechando la condición o accionar de los mismos.

Las manifestaciones vertidas en las extensas entrevistas que concedieron al periodista son materia de estudio en el juicio a Fujimori, son de acuerdo al argumento de la defensa una visión y manifestación sesgada, sin embargo cuanta veracidad tiene la posición del autor respecto a los escenarios de poder, existe al interior de los círculos periodísticos la posición de señalar a Humberto Jara como miembro de las esferas de acción inmersas en el gobierno fujimorista postura reconocida por personajes cercanos al régimen que ahora se encuentran privados de su libertad al incurrir en actos de corrupción en su mayoría.


TIEMPO DE REVANCHA

Una guerra es el intercambio de mensajes, de símbolos, no hay hechos aislados. En este tipo de guerra, esa es la manera como dialogan los enemigos.

Tiempo de Revancha, esa era la consigna que perseguían ambos bandos en la cruenta lucha que se desató teniendo como campo de batalla a la ciudad capital. En el lapso del 91 y 92 se efectuaron atentados terroristas abominables y las respectivas réplicas militares en contra de los militantes. Ahora el accionar clandestino de los agentes de inteligencia permitía conocer los movimientos del contrincante. Las fuerzas armadas esperaban aniquilar a los militantes detener a los ideólogos de la organización, por su parte Sendero esperaba devastar el orden social necesario en un estado, la búsqueda del poder utilizando como medio la violencia es el mecanismo de las organizaciones terroristas quienes desean gobernar para revertir la crisis económica, la situación de pobreza y permanente desigualdad que mantiene sumido al pueblo. El pueblo lo componen los cientos de miles de ciudadanos empobrecidos, enfermos, faltos de educación, que no cuentan con medios y mecanismos que permiten el anhelado desarrollo quimera para quienes no pueden acceder a las condiciones de poder económico concentrado en manos de selectos grupos. El pueblo al cual se dirigen los gobernantes, los líderes de las agrupaciones políticas, los dirigentes de las agrupaciones revolucionarias fue la víctima de la violencia desatada en década de finales de siglo.

La ciudad de Lima experimento los horrores de la muerte, el enfrentamiento feroz mantuvo en zozobra a la población causando inimaginables pérdidas humanas y materiales golpeando a la sociedad en el factor determinante para el sustento social, la seguridad en mantenerse vivo. En el capitulo Tiempo de Revancha el capitán Rivas relata los sucesos conocidos por la población con minuciosidad. Los operativos que permitieron acceder a información de la organización senderista que luego serían utilizados en los operativos de aniquilación y las respectivas replicas senderistas ante los embates militares dejando a la población limeña en medio del fuego cruzado.



En el relato del responsable directo de los operativos de aniquilamiento se conocen detalles de los casos Barrios Altos y La Cantuta, el asesinato colectivo en el penal de Lurigancho a miembros de la cúpula senderista y el sangriento ataque en la calle Tarata en el distrito de Miraflores.

La decisión de trasladar la lucha armada a la capital respondió a la necesidad de ejecutar una mayor presión social sobre el gobierno en turno, la repercusión de los atentados en las ciudades era mayor en comparación a los efectuados en los andes, pues no recibían la atención de los medios. El contexto geográfico donde sucedió la lucha armada durante los primeros años no permitía una cobertura efectiva, sin embargo el principal problema que afrontó el país para controlar el embate terroristas en el inicio de sus acciones fue el desinterés de los responsables en el gobierno, el abandono de los poblados azotados por la pobreza, la misma pobreza que origino la manifestación violenta de un grupo armado.

Las violaciones a los derechos humanos negadas por los responsables políticos, los autores directos miembros de las fuerzas armadas y sustentadas por los integrantes de las agrupaciones senderistas quienes reafirman la necesidad de presionar a la sociedad utilizando el horror a la muerte para ceder los destinos de la nación. Quienes vivieron aquella época oscura del país adoptan hoy posturas distintas respecto a las decisiones de los gobernantes o los líderes revolucionarios, sin embargo nada se dice de las condiciones de pobreza y exclusión social que devinieron en los tiempos violentos. Situación que no ha mejorado desde esas épocas hasta hora, es triste aceptar que este contexto no cambiará con facilidad y no parecen sentarse las bases para el desarrollo económico - social que todos esperan y algunos proclaman.

Finalmente, tras la captura del líder senderista y bajo la lógica de quienes obedecen órdenes sin interiorizar ideales, se redujo el campo de acción del terrorismo a la zona amazónica azotada por condiciones de pobreza, corrupción y exclusión. Así el gobierno de Fujimori sentó las bases para iniciar el proceso de expropiación y uso ilegal de los bienes del estado.



LABORES DE OCULTAMIENTO

La difusión de los asesinatos extrajudiciales a personas sindicadas como integrantes de la organización senderista en el Congreso de la República desató una avalancha política de reclamo por lo sucedido. Los responsables del mando militar objetaron la acusación, atribuyeron una campaña de desprestigio para las fuerzas armadas responsables de reestablecer el orden social en el país.

Adoptándose una postura intransigente por parte de las fuerzas armadas y sus generales ante las acusaciones de los miembros del poder legislativo. Finalmente se resolvió al interior de la cúpula de poder designar a los integrantes del escuadrón operativo Colina como responsables de los hechos pues las pruebas eran contundentes volviendo imposible negar las acusaciones. Así fue como se evitó comprometer los cargos de los personajes importantes. Los generales responsables de las coordinaciones de los operativos mantuvieron sus puestos.

Un proceso en el fuero militar, posterior condena y finalmente una ley de amnistía que concluía un episodio que amenazó la continuidad en el ejercicio del poder de Fujimori, Montesinos y Hermoza Ríos personajes que manejaban la dirección del país y disfrutaban de los réditos económicos que les permitía gobernar el régimen.
Tras la liberación de los miembros del grupo Colina y su posterior expulsión de las fuerzas se cerraba e capítulo La Cantuta. Los personajes que participaron en estos hechos terminaron su mandato abruptamente: el mayor Rivas refugiado en la clandestinidad, Fujimori refugiado en Japón y Montesinos en Venezuela. Ahora todos enfrentan procesos por los crímenes de lesa humanidad que cometieron en el proceso de combatir la violencia terrorista, la participación en los procesos será decisiva para determinar la participación y grado de responsabilidad en los hechos mencionados. En tanto todavía continúan desenterrándose fosas clandestinas las cuales contienen a los ahora silenciosos testigos de la violencia.

Ojo x Ojo

OJO POR OJO
La Verdadera Historia del Grupo Colina.
Humberto Jara

PRÓLOGO

Al interior de una sociedad se establecen parámetros los cuales rigen su estructura estableciendo el denominado orden social, entendido como disposiciones que permiten sostener una convivencia pacífica basada en el respeto a las libertades y obligaciones de los ciudadanos que comprenden una sociedad.

Las notorias desigualdades socio - económicas al interior de las sociedades latinoamericanas (situadas en el contexto de manifestación subversiva y de protesta social en el texto) generan la violenta respuesta de organizaciones terroristas quienes establecen contextos de lucha armada contra el gobierno en turno generando como resultado inmediato inestabilidad social sumado a los centenares de miles de muertes que se ocasionan en el cruento combate.

Entre los países latinoamericanos obligados a sufrir la demencia del terrorismo, está el Perú. Desde 1980, y durante más de una década una salvaje agrupación llamada Sendero Luminoso, nublada por el vaho del fanatismo maoísta, desató una impresionante saga de destrucción.

Ante una amenaza directa a la vida y tranquilidad de las personas, el común de ellas exigirá concretar hechos que permitan reestablecer el orden interrumpido.

Al inicio de la de los 90´ asumía el mandato a la presidencia Alberto Fujimori un ingeniero agrícola notoriamente inexperto en las labores de gobierno, asesorado por una cúpula militar derrotada y humillada después de años de combate terrorista asumen aplicar estrategia denominada guerra de baja intensidad, es decir el terrorismo de Estado.

“La pretendida estrategia de combatir al terror con los métodos del terror, no funciona, no es eficaz, porque olvida las razones de fondo y omite algo esencial, terrible: El terrorista comparte un secreto y una identidad, comparte códigos y protocolos de su misión, comparte una idea de castigo y devastación... Ellos quieren morir”.

Se convocó a oficiales capacitados en aplicar la guerra clandestina y se dispuso la creación no oficial y secreta, de un escuadrón especial, conocido después como el Grupo Colina. Realizando tareas de infiltración, espionaje telefónico, secuestros, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales.

Es por tanto equivoca la visión que sostiene que la única vía posible para combatir la amenaza terrorista es la aplicación de los métodos de terror que ocasiona la muerte. Todas las dolorosas experiencias muestran que este procedimiento llena de dolor y antagonismo a las sociedades que lo padecen.

PRÓLOGO DE LA SEGUNDA EDICIÓN

“No siempre el dolor enseña; muchas veces el olvido suele ocultar sus posibles lecciones”.

La pobreza en la cual se encuentra sumida el 54% de la población de acuerdo a las frívolas cifras, fue la plataforma necesaria que impulsara a los integrantes de la organización terrorista Sendero Luminoso a iniciar un conflicto interno armando, convencidos de ser la revolución armada único medio para conquistar el poder y reorganizar nuestra nación, devolviendo las condiciones de igualdad que jamás existieron en el país.

La actitud inconciente de los gobernantes y la población centralizada en la ciudad capital no permitieron desplegar los mecanismos adecuados para finalizar las violentas acciones del grupo subversivo en sus primeros años de brutalidad en la sierra central.

El Perú está ahora en la etapa de los juzgamientos, pero se pregunta con real interés de solución, ¿qué hacemos con la pobreza? Hemos olvidado la principal enseñanza de los años de terrorismo: la pobreza incuba la violencia hasta que un día explota brutalmente.



NOTA PREVIA

En 1993, una delación militar y una investigación periodística pusieron a la luz pública dos casos - la matanza de barrios altos y el secuestro y la ejecución de estudiantes de la Universidad La Cantuta - señalando la autoría del grupo Colina. Fujimori y Montesinos resolvieron el tema con un proceso a un grupo de militares y una ley de amnistía. Luego clausuraron toda puerta de acceso al tema. Este texto aporta una mirada a los hechos mencionados la declaración de los principales oficiales que participaron en las labores antiterroristas.




LAS ALAS DEL DESEO.

Todo empezó la tarde del viernes 13 de mayo de 1988, cuando una explosión ocurrida en las serranías de Ayacucho alcanzó a Vladimiro Montesinos y Santiago Martin Rivas, aunque ninguno de los dos lo supo hasta meses después.

En el crepúsculo de esa tarde, dos camiones porta tropas, con rumbo a la base militar del condado de Huamcapí, fueron emboscados por terroristas de Sendero Luminoso, el lamentable saldo de este ataque dio como resultado la muerte del capitán José Arbulú, el sargento Ángel Vargas y el cabo Fabián Roldán además de once soldados con diversas lesiones.

Algunos soldados sobrevivieron al ataque, entiéndase se les permitió vivir cumpliendo un recurso de guerra pues esperaban que el pavoroso relato de la emboscada golpee el ánimo de sus compañeros.

Los habitantes del distrito de Cayara, en cuyas inmediaciones ocurrió la emboscada, optaron, esa noche y hasta la madrugada, por huir del poblado: sabían que a cada incursión senderista le sucedía una irracional visita militar.

Los hechos atroces producto de los excesos irracionales de los efectivos militares fueron relatados por una adolescente que logró sobrevivir escondida en las penumbras. Su relato horrorizó a la prensa ocasionando la incesante presión política que exigía se iniciara una investigación de los turbios acontecimientos.

Ese año 1988, el capitán Santiago Enrique Martin Rivas tenía 30 años de edad y vivía en las instalaciones del SIE. En 1981, a los 22 años, recién graduado de subteniente, había combatido en la cordillera del Cóndor en el conflicto con el Ecuador. Desde 1982 combatió en la zona de emergencia de Ayacucho, conocía en silencio episodios acontecidos en la oscuridad.


Una mañana de julio de 1988, el jefe del SIE, Osvaldo Hanke Velasco, le informó que debía asumir una misión muy reservada: ser oficial encargado del caso Cayara y el enlace con un informante llamado Vladimiro Montesinos Torres.

El capitán Martin conocía los pormenores del caso Cayara además del pasado del ex oficial Montesinos dado de baja por espía y acusado por delito de traición a la patria. En las semanas siguientes se suscitaron las reuniones entre ambos personajes, Montesinos desde el inicio esbozó las razones que acreditaban su inocencia, se presentó como asesor del Fiscal de la Nación, tener acceso a toda la documentación del caso, además de organizar las reuniones entre el magistrado y los altos mandos militares.

Con su activa y eficaz participación en el caso Cayara, Montesinos logró que el expediente se detenga en la Fiscalía de la Nación, evito un proceso al jefe de la zona de emergencia de Ayacucho y permitió que el alto mando militar se alivia de una grave responsabilidad. Además obtuvo la archivación definitiva del proceso por traición a la patria.

La contienda electoral del 90´ situó en segunda vuelta a los candidatos Mario Vargas Llosa y Alberto Fujimori, sin embargo una denuncia por delito de defraudación tributaria y contra la fe pública planteada en contra del candidato Fujimori en la 32º Fiscalía Penal de Lima lo aquejaba.

Fujimori, conciente del peligro busco ayuda en su mínimo entorno, fue uno de esos súbitos asesores el que recomendó a Montesinos como artífice para solucionar el problema. A finales de 1990, al amparo de su eficacia, el abogado Vladimiro Montesinos Torres se convirtió en asesor de Alberto Fujimori, el próximo presidente de la República del Perú.

Montesinos entendió cual debía ser su juego, para él Fujimori era un personaje inculto y con una noción política elemental, que había llegado a la posibilidad de ser presidente producto del azar. Además en su afán por perpetuarse en el ámbito de poder se especula utilizó un elemento.


Los indicios son convincentes en señalar que el inconveniente descubierto y explotado por Montesinos era la nacionalidad de Fujimori.

Como político Fujimori presentaba un aprendizaje de impresionante rapidez. Usó un estilo signado por la atención a los sectores más pobres porque allí estaban los votos necesarios.

“Robó, pero trabajó” el cínico lema que identifica a los gobernantes de los años noventa que con el dinero de las privatizaciones alentadas por el dogma liberal hicieron obra popular y fortuna personal.

Sin embargo, ese pedestal que Fujimori y Montesinos usaron para su vigencia, tiene en su base secuestros, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.





VOCES CLANDESTINAS

Todo país que aplicó la guerra de baja intensidad tomó las decisiones en los más altos niveles y con anuencia de los Estados Unidos.

La convocatoria de Santiago Martin Rivas en diciembre de 1990, no fue producto de la casualidad pues se le reconocían conocimientos sobre la guerra no convencional.

Los personajes que aquel año tomaron a su cargo la organización de un nuevo esquema de lucha contra la subversión tenían entre sí una afinidad: habían sido preparados en distintas épocas en la Escuela de la Américas, el cuestionado centro de formación militar creado por los Estados Unidos para dar instrucción especializada en el combate contra el terrorismo a los militares de los ejércitos latinoamericanos.

La guerra de baja intensidad tenía como elemento esencial la clandestinidad, considerada insustituible para lograr infiltraciones en el enemigo, seguimiento, escuchas telefónicas, capturas no oficiales, obtención de arrepentidos, asesinatos selectivos, desaparición de militantes y, por cierto, anonimato del personal involucrado en las acciones.

El ahora asesor presidencial Vladimiro Montesinos dirigió las labores de inteligencia desde el Servicio de Inteligencia Nacional, sin embargo conocedor de los ámbitos de poder rechazo asumir en los primeros años el cargo oficial, se mantuvo en un terreno fuera de las pesquisas oficiales. Unificó además las labores de inteligencia de las fuerzas armadas bajo su estricta vigilancia.

Para operar con totalidad de poderes inició un recambio en los más altos cargos de las fuerzas armadas ubicando a oficiales de su absoluta confianza, desechando las líneas de mando y los méritos que deben acumular los oficiales para postular a estos cargos.

Para Fujimori, Montesinos y las Fuerzas Armadas solo quedaba un camino para enfrentar al enemigo oculto, utilizar el horror de la muerte como respuesta, el accionar clandestino como método; el golpe psicológico como sistema.


En tanto la agrupación subversiva Sendero Luminoso percibe el diverso impacto que causaba acciones armadas en el interior del país a comparación de los atentados en Lima, además deciden después de diez años de combate armado en la serranía situar como campo de lucha la capital, a ese desplazamiento Abimael le llamo el equilibrio estratégico.

La primera labor de inteligencia fue descubrir cual era la estructura que tenía sendero para tomar Lima. El primer gran logro, sobre todo un paso clave fue la captura de los archivos de Sendero, con esos documentos se pudo conocer cabalmente el pensamiento, acciones, lógica, organización y nombres del enemigo.

En las declaraciones y documentos aportados por el prófugo Martin Rivas al periodista responsable de la investigación, se detalla los pormenores de una importante reunión celebrada en junio de 1991 convocada por el Comandante General Pedro Villanueva Valdivia y que reunió a los más altos jefes militares para debatir los acuerdos y pormenores de la estrategia a seguir para combatir a Sendero. En esta reunión se realizó una exposición a cargo de los capitanes Martin Rivas y Carlos Pichilingue respecto a la situación política - militar de Sendero y el modo de enfrentarlos de manera radical. Días después se realizó la aprobación de las decisiones adoptadas en dicha reunión por el jefe supremo de las fuerzas armadas, Alberto Fujimori.

Como resultado de las labores de infiltración y seguimiento, la noche del 21 de junio la Policía asesto un golpe importante al senderismo. Integrantes de un organismo llamado Socorro Popular eran capturados. Inicialmente esta organización fue creada para acciones de ayuda a integrantes senderistas, había mutado sus fines para convertirse en parte del sanguinario brazo armado de la organización terrorista.

En aquel operativo se logró capturar a Yovanka Pardavé y Tito Valle Travesaño líderes de Socorro Popular, obteniéndose con ellos importantes documentos.

Las labores de inteligencia tenían como objetivo la desarticulación en el más breve plazo, a pedido presidencial, del grupo armado terrorista para lo cual ellos apuntaban a la captura y posterior aniquilamiento de los ideólogos del grupo.

El método utilizado por el terrorismo es la intimidación y la eliminación. Y las acciones del terrorismo se realizan de manera selectiva y sistemática en presencia de la población, buscando producir en ella shocks sicológicos.

Al iniciarse los 90, el terrorismo mediante la dislocación habían agudizado las contradicciones del sistema. Luego mediante la intimidación (amenazas, asesinatos, coches bomba, atentados a los locales públicos, paros armados) ocasionando la desmoralización (pérdida de fe en la población, migración interna, éxodo al exterior).

En esas circunstancias, se requiere responder con los mismos métodos, con acciones clandestinas, con acciones de infiltración en el enemigo, y sobre todo generándoles el mismo temor, afirma el capitán Martin Rivas.

Esos conceptos se registraron en un documento titulado Esquema estratégico - táctico para enfrentar al PCP - SL en los aspectos políticos, ideológicos y militar, el destino de dicho documento fueron las más altas esferas de poder.

Las calles de Lima en 1991, eran el escenario de una cruenta guerra interna iniciada por Sendero en 1980, ahora el movimiento maoísta decidió establecer el equilibrio estratégico como paso final para obtener el poder. Alentado por la crisis económica y política generada por los anteriores gobiernos y atizada por sus acciones violentas.



TIEMPO DE REVANCHA

Una guerra es el intercambio de mensajes, de símbolos, no hay hechos aislados. En este tipo de guerra, esa es la manera como dialogan los enemigos. Sendero la usó desde el principio, lo que ellos llaman La Lucha Armada inició con un hecho simbólico: esa ánfora electoral quemada el 18 de mayo en Chuschi.

La noche del 3 de noviembre de 1991 en el Jirón Huanta en Barrios Altos se escribió uno de los tantos episodios sangrientos acontecidos en aquellos oscuros tiempos, esté es uno de los hechos de mayor sonoridad y publicación. Esa noche se aniquiló a once varones, tres mujeres y un niño; sindicados por el capitán Martin como miembros de Sendero, señala además los fines que perseguía esa ejecución extrajudicial. El denominado escuadrón de la muerte no tenía interés en obtener información de las acciones de Sendero, deseaba establecer claros mensajes: conocían las ubicaciones de las organizaciones armadas de Sendero, la vigilancia sobre ellas era extrema, reconocían la fachada de las reuniones nombradas como polladas para intercambiar información de los miembros senderistas, además de conocer la actividad que cumplían jóvenes heladeros como vigías de los terroristas.

La creación de un escuadrón de aniquilamiento estructurado de tal forma que pudiese recibir órdenes directas desde la más alta instancia tuvo su origen en una desperada necesidad de eficacia.

La misión que tenía las fuerzas de inteligencia, que era buscar información y comunicarla para la elaboración de acciones, tuvo que cambiar. Por eso los equipos de inteligencia se militarizaron por necesidad, por efectividad, por oportunidad. Eso fue todo el 91 y 92, en ese tiempo se dio una silenciosa guerra entre Sendero e Inteligencia.

Sendero Luminoso respondió con una violencia apocalíptica, emprendiendo la demolición de Lima, en el sentido material y anímico. Era una guerra sicológica y el terrorismo conocía muy bien los rudimentos. Al golpear ferozmente a la población empezó a crear un cerco de protestas al gobernante.


Recién hoy se puede saber que el detonante de los atentados de ese tiempo fue la oscura guerra librada entre militares y terroristas, por eso Sendero convirtió Lima en un entorno de edificaciones demolidas, asesinatos cotidianos, llantos, miedo.

El plan para combatir a Sendero tenia en esencia cuatro puntos: quitarle el control de las cárceles a Sendero Luminoso, expulsarlos de las universidades, especialmente de San Marcos y la Cantuta, romper el cerco de los pueblos jóvenes, y contar con una ley antiterrorista que permitiese procesos con jueces sin rostro con sentencias draconianas.

Treinta días después del Autogolpe, el 6 de mayo de 1992, se realizó el operativo de recuperación de los penales, en especial el penal de Cantogrande, ubicado en el distrito de Lurigancho, al norte de la ciudad de Lima. En sus instalaciones se encontraba el grueso de presos senderistas, hombres y mujeres, y un contingente de sus principales cabecillas e ideólogos.

El Operativo Mudanza 1 se inició en la madrugada del miércoles 6 de mayo de 1992. Aunque su objetivo oficial fue el reordenamiento y reinstauración del orden y principio de autoridad, tuvo un objetivo de guerra: terminar con la Luminosa Trinchera de Combate.

A las once de la mañana del domingo 10, el viento no había logrado disipar el fuerte olor a pólvora en el ambiente. La finalidad del Operativo Mudanza 1 se cumplió tal cual fue concebido. Ese sábado 9 de mayo de 1992, por orden de Fujimori y Montesinos, fueron sometidos a ejecuciones extrajudiciales los miembros de la cúpula senderista.

Fue un mazazo para la organización senderista, pero también un enorme desatino del gobierno, no solo por aplicar métodos bárbaros, sino también porque el terrorismo reaccionó con una violencia delirante y las mortales consecuencias las terminó pagando la inerme población civil.

La noche del 16 de julio de 1992 en la calle Tarata, Miraflores se ejecutó un cruel atentado, las cifras suelen ser frías, sin embargo resumen de forma escueta el espanto: 20 personas muertas; 132 heridas, 62 de ellas en grave estado, 6 mujeres en gestación interrumpieron su embarazo; 8 personas ciegas; 18 con fracturas expuestas, 6 de ellas con extremidades mutiladas; 164 viviendas destruidas; 64 autos inutilizados y afectadas alrededor de 400 edificaciones.

De acuerdo a las labores de infiltración de los agentes de inteligencia los responsables de aquel atentado se refugiaron en los dormitorios de la Universidad La Cantuta, días después del atentado en la calle Tarata se efectuó la replica militar a los miembros Senderistas.

La madrugada del 18 de julio el despliegue en la Cantuta fue inusual y distinto de los operativos clandestinos. Los soldados de la división de fuerzas especiales llegaron en camiones portatropas y cercaron la universidad mientras dos grupos ingresaron a los ambientes en que dormían el profesor y los nueve alumnos.

Santiago Martin Rivas señala la torpeza con la cual se operó este secuestro y posterior ejecución extrajudicial, de realizarse de acuerdo a operativos anteriores nada se habría conocido. El responsable de este operativo fue el general Perez Documet el “Tuto” pues el destacamento La Cantuta estaba bajo sus órdenes. Después de sustraer ilegalmente a los alumnos y el profesor sindicados como terroristas se procedió a aniquilarlos en las inmediaciones del campo de tiro del ejército en Huachipa. A pesar de la ineficiente ejecución, la finalidad principal se cumplió pues los efectivos senderistas abandonaron las instalaciones universitarias.

La meta de derrotar a Sendero Luminoso se logró porque 59 días después, el 15 de septiembre, fue capturado Abimael Guzmán y lo que quedaba de su Estado Mayor. En tanto el remanente de sus tropas huyó hacía la selva.




LABORES DE OCULTAMIENTO

El viernes 2 de abril de 1993, en la sesión del Congreso Constituyente, Henry Pease, anunció haber recibido un documento con una grave denuncia: un anónimo grupo militar denominado León Dormido revelaba el secuestro y ejecución extrajudicial de un profesor y nueve estudiantes de la Cantuta por obra de un comando de operaciones especiales del Servicio de Inteligencia del Ejército, denominado grupo Colina.

El impulso político de esa denuncia empezó a generar un clima pesado para el gobierno, y en especial para los militares, hasta llegar a un episodio de confrontación política protagonizado por el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Nicolás Hermoza Ríos, el oficial fue invitado al Congreso en su condición de jefe militar en su intervención negó toda participación militar en los sucesos denunciados.

El 22 de abril una caravana de tanques y vehículos blindados cruzó la ciudad hasta llegar a la sede del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en la avenida Arequipa.

El 5 de mayo la acusación pasó a tener explícita autoría, el general Rodolfo Robles Espinoza, convocó a una conferencia de prensa e hizo pública, no en persona, sino por intermedio de su esposa, una carta confirmando, precisando y ampliando la denuncia entregada al congresista Pease.

La mañana del jueves 8 de julio una información revelada a periodistas del semanario Sí permitió descubrir las fosas en las que se encontraban los cadáveres en el kilómetro 14 del serpentín a Cieneguilla, en las afueras de Lima se encontraron calcinados y enterrados en cajas de cartón.

El escándalo político se hizo más intenso, al conocerse los nombres de algunos de los integrantes del grupo Colina ya eran de dominio público y la prensa empezaba a indagar por ellos, había que inculparlos para dejar a salvo a los jefes.

A los miembros del escuadrón Colina se les planteó someterse a un proceso del que saldrían libres por falta de pruebas. Por esa actitud, serían recompensados con la continuidad de sus carreras, sin embargo las promesas y los plazos nunca se cumplieron.

El proceso se inició el 19 de febrero de 1994, duró 72 horas, entre el viernes 19 y el lunes 21 de febrero. Sentenciados entre veinte y cinco años de prisión respecto a la autoría directa del crimen exigieron respuesta inmediata de los altos mandos, recibieron por respuesta a promesa de una ley de amnistía la cual dejaría sin efecto la sentencia anterior.

El día 14 de junio de 1995 la ley de amnistía permitió la libertad de los militares presos. El general Rivero Lazo fue destinado a la sexta región en Bagua; el coronel Federico Navarro destinado a Iquitos; el mayor Carlos Pichilingue en Bagua y Santiago Martin se quedo en Lima sin función específica, alojado en el cuartel Bolívar. Los agentes habían quedado fuera de la institución en agosto.




LA CAPTURA DE SANTIAGO MARTIN RIVAS

La noche del martes 12 de noviembre de 2002, el periodista recibió una llamada telefónica señalando una nueva reunión con el entonces prófugo Santiago Martin Rivas. En la calle Comandante Moore, en el distrito de San Miguel tuvo lugar la última de una larga lista de encuentros desde meses anteriores, esa tarde del día 13 de noviembre el prófugo tenia una actitud relajada condición que adoptaba por cambiar de refugio recientemente, sin embargo días antes los agentes de la dirección de inteligencia del ministerio del interior habían logrado ubicar la casa producto del seguimiento a la hermana del mayor quien cobraba el dinero de la pensión militar y las conexiones que ella realizaba con la hija del abogado de Santiago quien se ocupaba de proveer de alimentos y realizar los contactos con el periodista.

El lunes 18 de noviembre fueron detenidos pasado el medio día Santiago Martin Rivas y el periodista Humberto Jara en el domicilio provisional del prófugo, el periodista había sido citado según lo referido por el mayor para evitar que el momento de su captura se le pueda victimar en un intento por silenciarlo.


Después de horas producto de un largo interrogatorio y tramites burocráticos el periodista fue puesto en libertad pasada la medianoche, se marcho a su casa y en los días siguientes, sin efectuar reclamos, en silencio frente a los discursos de los pontífices de lo políticamente correcto, y con el anuncio de un arresto por la investigación que la Fiscalía insistió en abrir, se embarcó hacía la ciudad de los Buenos Aires.


LA EXTRADICIÓN DE ALBERTO FUJIMORI


Para quines ambición el poder, no existe una vía media entre la cumbre y el precipicio.


Cuando el ex presidente Alberto Fujimori fue arrestado en Santiago de Chile a la una y treinta de la madrugada del 7 de noviembre de 2005, apenas habían transcurrido doce horas desde su sorpresivo aterrizaje en el aeropuerto Padahuel.

Aquel viaje sin retorno no fue decisión apresurada, en realidad los preparativos se iniciaron en marzote 2005 y el primer acto visible ocurrió el 18 de mayo cuando Fujimori apareció en las oficinas del consulado peruano para efectuar la renovación de su documento de identidad.

Tenía cinco años de exilio dorado en el Japón y se sentía jubilado viendo pasar los años despojado de los deleites del poder, la soledad del poder es la condena de los poderosos. El objetivo era lograr el ingreso de Fujimori al Perú para convertirlo en candidato de Facto y desde esa posición apoyada por las movilizaciones populares, exigir su inscripción como postulante a la Presidencia.

Paralelamente, otra pieza de su estrategia se retorno se había iniciado en agosto cuando sus abogados César Nakasaki y Rolando Souza empezaron a plantear nulidades procesales en la docena de juicios que tenia abierto en los tribunales peruanos.

Sonriente, entusiasta y liviano de equipaje, a las cinco y cuarenta del sábado 5 de noviembre, Alberto Fujimori abordó el jet Bombardier de la empresa Global Express y partió a Santiago de Chile.

A las diez y diez de la noche, hora mexicana, la aeronave hizo una escala técnica en el aeropuerto de la ciudad de Tijuana.

¿Se buscan radialistas?

CODIGO DE ETICA DE RADIALISTAS

1. Deben contribuir a proteger y respetar los derechos fundamentales de las personas; así como realizar la promoción de valores positivos por el entorno social.

2. Fomentar, difundir y generar los principios que rigen la educación peruana, los cuales permiten incrementar los aspectos de nuestra cultura.

3. Responder y orientar su labor profesional de acuerdo a la responsabilidad social inherente a quienes desarrollan el ámbito radial.

4. Conducirse siempre respondiendo a los principios profesionales pues permitirá enmarcar nuestra conducta al interior de un espacio respetable y digno.

5. Fomentar y generar el respeto a la libertad de expresión, de pensamiento y opinión; derecho inherente a toda persona.

6. Respetar la condición de pluralismo informativo, así mismo atender el derecho a la rectificación en el contexto pertinente.

7. Respetar el espacio personal, el ámbito privado de las personas que pueden ser objeto de interés informativo.

8. Defender el derecho a la libertad de investigar, difundir la información con honestidad atendiendo el deber de respetar la verdad.

9. La información recogida debe elaborarse a partir de fuentes confiables, asi mismo debe respetarse las decisiones y derechos de las mismas.

10.Defender el derecho a la libertad de información veraz e imparcial así como la adecuada difusión de la obtenida.





11. Separa aquellas narraciones vertidas en calidad de información y opinión, actuar de forma consecuente con normas y principios establecidos.

12.Hacer uso de la capacidad de autorregulación para discernir la aprobación o desaprobación de nuestros actos.

13.Fomentar los valores que afirman el respeto y la defensa de la seguridad nacional; atender esta necesidad dentro del ejercicio periodístico.

14.Rechazar las acciones violentas como resultado de un conflicto armado interno, asi como otras manifestaciones de violencia. Informar los sucesos de interés del público de acuerdo al principio de imparcialidad.

15.Elaborar las publicidades destinadas al ámbito radial, otorgando un adecuado tratamiento en la generación de las ideas, orientando las mismas a difundir importantes valores.

16.Censurar las manifestaciones de discriminación en cualquier ámbito y contexto, concluir las fórmulas afianzadas en la publicidad que minimizan la condición humana.

17.Considerar el proceso de formación cognitiva por el cual atraviesan los niños, por tanto incluir a los niños en los contenidos publicitarios a difundir.

18.Aplicar nociones vinculadas al erotismo en los espacios publicitarios regidos por las consideraciones antes mencionadas.

Vestigio Afroperuano

Después de una impaciente espera abandono la ciudad y su ensordecedor ajetreo, la ruta a seguir es en gran tramo del trayecto conocido; pues tras nosotros queda rezagada Reque, el ingreso a Monsefú y los desvíos que indican el camino a Lima y Trujillo respectivamente. Una extensa zona de dunas iluminadas por el incesante sol guardián de estas zonas me recibe, así ante mí se muestra apacible la ciudad de Zaña, antigua capital peruana en antiquísima época colonial. Al recorre sus calles observo los servicios tecnológicos a su disposición (internet, locutorios, centros de venta de telefonía celular, play statión, copias, cable satelital) sin embargo no percibo los molestos ruidos que caracterizan a Chiclayo, la concurrencia de personas en las calles es mínima, me dirijo al museo afroperuano de Zaña, recinto que guarda las memorias de la comunidad africana esclava que residió aquí hace más de cuatro siglos, al ingresar emprendo un nuevo viaje al interior de mi viaje, pues se encuentra una realidad distinta, extraída de una época de la historia, fotografías que retratan los personajes más ilustres que descienden de las poblaciones africanas asentadas en las diversas ciudades peruanas: músicos, deportistas, artistas conforman esta muestra fotográfica extraída de la colección de fotografía del reconocido fotoperiodista peruano Carlos chino Domínguez. Las áreas siguientes contienen instrumentos musicales utilizados en las composiciones de los ritmos afroperuanos entre ellos las maracas, checo, kalengo, quijada de burro, cajón, laúd, así mismo piezas de cerámica labradas en Chincha, regiones cubanas y otras zonas caribeñas. La vestimenta constituye un elemento importante en la danza pues transmite así las influencias culturales, en otro ambiente la vestimenta típica para ejecutar la danza de la diablada natural de Huanuco que también se práctica en Zaña, evidentemente ejecutada con instrumentos y ritmos afroperuanos. La última zona es el área de castigo y tortura, aquí se aprecian los aparatos que se utilizaron para castigar y subyugar a los negros esclavos, piezas que guardan memoria de los padecimientos de los que fueron objetos los esclavos. Culminado mi visita al pasado me dirijo a las ruinas coloniales del convento que se erigió en esta ciudad, ahora la sede principal pasa por un proceso de reconstrucción, es importante mencionar el daño que este proceso ha causado al monumento al cubrirlo con yeso material desconocido en aquel tiempo, que desvirtúa la construcción original del convento. La zona agrícola zañera se ubica en los terrenos de la antigua zaña, formada por rústicas, más confortables casas, silenciosa y calurosa son los adjetivos apremiantes para esta zona pues solo el trinar de las aves o el rumor de las hojas mecidas por el fuerte viento rompen con la tranquilidad que impera. Zaña cuenta así con distintos atractivos, en aspectos históricos y culturales. Apto para quienes desean abandonar el estridente sonido de las alborotadas ciudades pues el ámbito aquí encontrado es perfecto para disfrutar de la calma que solo pequeñas zonas te pueden brindar.

Vínculo con la Madre Tierra

Luego de veinte minutos de viaje desde Lambayeque, atravesando una serpentosa carretera rodeada de algarrobos, bajo la atenta mirada de un ardiente sol, el cual no parece abandonar estos caminos, llegamos al distrito de Morrope, nos recibe un cielo despejado, apacible, dueño de una inmensa tranquilidad la cual caracteriza a los habitantes de esta ciudad. Al descender del autobús nuestras miradas se dirigen a la imponente iglesia situada en la plaza central, construida con materiales rústicos, guarda en sí la tradición y la historia de quienes decidieron asentarse hace mucho tiempo aquí. El motivo de nuestra visita suponía una mañana de proyección social, más nuestras labores fueron distintas y ajenas a la planificada, decidimos realizar un ligero recorrido hacia las inmediaciones de la ciudad, en la cual se sitúan las tierras de cultivo de sus habitantes quienes sin importunarles el ardiente sol continuaban una sacrificada labor desde los albores de la mañana, la percepción de quienes visitan estas tierras es positiva pues se disfruta de buen clima, agradable trato, es así como se imaginan la vida aquí, más la realidad dista mucho de nuestra ilusión.

Quienes laboran la tierra deben trabajar desde muy temprano hasta el anochecer, apenas descansando para alimentarse, las dueñas de casa deben preparar los alimentos al comenzar la mañana, ocuparse de los niños, el aseo de la casa, el cuidado del ganado entre otras tareas. Rendidos por el esfuerzo realizado durante la jornada aparece la noche serena, calurosa, tranquila. Ahora tienen a su disposición el uso de la internet, televisión por cable, telefonía celular. Existen sin embargo, problemas que aquejan a la población algunos de ellos desconocidos aún, la principal actividad económica es la agricultura, hacen uso de fertilizantes para acelerar el proceso de siembra, favoreciendo sin saberlo un proceso llamado eutrofización, el abuso de nitrógeno en el suelo puede provocar también la lixiviación ambos son procesos en los cuales se produce un desequilibrio en los minerales del suelo resultando suelos ariados. La escasez de agua para el riego de las tierras de cultivo es el principal problema que afrontan, la acumulación de desechos, quizá el problema ambiental de mayor repercusión es la elaboración de yeso, para su elaboración se incinera la mezcla de minerales de la cual se producirá el yeso emitiendo enormes cantidades de monóxido de carbono en forma de humo.





Se repite el ciclo, la discusión, se polemiza, es posible exigirles a personas cuya principal preocupación es elevar su nivel de vida, pues sus precarias economías, escasa y deficiente educación presente en todo el país, no les permiten entender los efectos de sus actividades. Tenemos el derecho de juzgarlos solo observando una cara de la moneda, no existen acaso soluciones razonables, proyectos viables, al ingresar en los estudios universitarios nos precisan la finalidad de la acumulación de conocimientos: modificar la realidad, proyección en nuestra comunidad, manipular las condiciones en busca de una mejora en la calidad de vida, estas percepciones son ajenas para quienes no encuentran otra solución que no sea el esfuerzo. Aún no he anotado la justificación del nombre del prefacio, vínculo madre tierra, pues en ella, reside su existencia, sus casas se elaboran de adobe, cultivan la tierra, alimentan su ganado, es ella quien le proporciona un hogar. En general en Morrope se encuentra una bienvenida afable, trato agradable, buen clima, cielo despejado, son las condiciones que permiten disfrutar de una mañana agradable, acompañada de una fresca chicha, exquisita bebida, ideal para amenizar una alegre visita a esta calurosa ciudad.

El Umbral del Olvido

Los primeros rayos de sol asomaban con cierta timidez aquella mañana, la presencia de nubes auguraba un día gris usual en estos meses en los cuales se perfilan batallas incesantes por el dominio del cielo. A la hora indicada, nos dirigimos hacia los dominios del olvido aquel lugar tenue en el cual te rodean un mar de miradas desconfiadas, inquietas ante la idea de ser retratados por el lente de nuestra cámara, cada cierto tramo andado nos sorprendían algunas sonrisas desdentadas, rostros sucios, barbas crecidas, cabellos revueltos, rasgos impuestos para aquellas personas a las cuales la vida no las recibe con una sonrisa al iniciar cada mañana. El objetivo en esta ocasión es dirigir nuestras miradas al ámbito que rodea el acilo de ancianos el cual guarda infinidad de historias entrelazadas por el olvido, similar panorama se observa en las inmediaciones pobladas de comerciantes de infinidad de productos, al igual que las procedencias de los mismos, ubicados en las aceras, ocupando la totalidad de la calle, es en este mundo en el cual conviven en armonía evidente quienes tienen por oficio aparente el atletismo pues se les observa iniciando veloces carreras incentivados ante los gritos de cierto incauto transeúnte. Al transcurrir las horas se hace notoria la presencia del más ilustre invitado, la basura, pues se acumula en veredas, esquinas, enormes depósitos de desperdicios se forman producto del comercio y la desatención de quienes laboran en él. Es sorprendente la normalidad ante la descomunal acumulación de basura y los incesantes reclamos de quienes laboran en las tiendas cercanas quines se ven perjudicados por esta desagradable situación, hartos de los constantes robos a sus locales e indignados por la actitud apacible de los policías quienes no parecen interesarse por el bienestar de los ciudadanos.

Durante las horas pasadas cerca del acilo observamos el ingreso o salida cada cierto tiempo de quienes lo habitan todos erigen un caminar pausado, miradas tristes, respiración lenta, cuerpo encorvado, ropa desgastada quienes tienen que lidiar con las pilas de basura, olores fétidos, suciedad, inmundicia al pasar por estas calles se puede imaginar discurrir ciertos pasajes de la novela de Ramón Ribeyro más luego se comprende que fue el quien observo esta penosa realidad y la plasmo en su obra cumbre, realidad que se repite día a día en infinidad de lugares en el mundo que ante el paso de las horas discurren sin saberlo por las calles del umbral del olvido.

¿Solución o Barbarie?

Ante las escalofriantes cifras de agresión sexual contra menores de edad en el Perú, el Congreso ha puesto en debate un proyecto de ley para castigar con pena de muerte a los violadores de niños menores de siete años.

En la última década se advierte un incremento más que alarmante en las cifras que demuestran los elevados índices referentes a las violaciones sexuales perpetradas a menores de edad, aún agravadas por el posterior asesinato de las indefensas víctimas. Es estos días el tema ha adquirido carácter relevante en nuestra agenda nacional, sin duda alguna su sola mención ocasiona el rechazo que este repudiable acto merece por parte de la sociedad. Es hasta comprensible las drásticas sanciones que la ciudadanía plantea para castigar a los inmundos seres que cometen este delito recusable desde todo punto de vista por el cual se aborde el tema.

Se requiere pues establecer soluciones para afrontar la problemática, la sociedad exige a las autoridades brindar la seguridad necesaria que permita el normal desarrollo de la niñez es asi como surge inmediatamente la posibilidad de aplicar sanciones tales como la pena de muerte a aquellos individuos que cometen este delito. Generando controversia en cuanto debate surga a raíz de este tema pues evidentemente origina posiciones opuestas, sentimientos encontrados, diversas posturas las cuales deben regirse con suma mesura, acatando los reglamentos vigentes por supuesto los mismos que deben buscar por sobre todo el bienestar social. Es cierto que la aplicación de una sanción de esta magnitud reviste la materia de discusión de total complejidad y profundo análisis por contener múltiples aspectos inferidos. Asi los gobernantes involucrados, la sociedad en general debe analizar con suma cautela los planteamientos no solo para castigar a dichos individuos, mas aún buscar la erradicación a futuro de actos que dañan a nuestros niños, les roban su inocencia, mellan sus capacidades, por todo se busca una solución que por ahora (presente) disminuya las alarmantes cifras mencionadas al inicio del texto. Por ninguna circunstancia se olvide el propósito primordial: salvaguardar el futuro de nuestra sociedad, convencidos de esta loable tarea se debe dejar de lado juicios realizados con ligereza guiados por la venganza que nublen nuestro raciocinio lo cual no nos permitiría adoptar medidas adecuadas.

Para analizar el contexto real en el que se desenvuelve el problema se desglosará en resumen y de forma objetiva cuánto sea posible, los componentes que se involucran en el delito tipificado como abuso sexual a menores, agravado acaso por el asesinato de la víctima, además si la pena de muerte es la solución mas adecuada como sanción y las diversas consecuencias a su probable aplicación.

Diversas Conceptualizaciones de la Pena Capital a Tener en Cuenta:

"Sanción penal que ordena la privación de la vida al delincuente. Ejecución que tiene muchas variantes, pero en común deben matar a quien se aplique".

Privación de la vida impuesta por los tribunales del Estado. La pena consiste en ejecutar al condenado. La pena de muerte, es "la sanción jurídica capital, la mas rigurosa de todas, consistente en quitar la vida a un condenado mediante los procedimientos y órganos de ejecución establecidos por el orden jurídico que la instituye".

Ahora bien para aplicar dicha sanción es necesario realizar modificaciones en nuestra Carta Magna, pues la misma especifica el empleo de esta sanción solo para los acusados de traición a la patria en casos de guerra externa, es asi como los parlamentarios, no en su totalidad, optan por realizar una extensión a la mencionada ley en una futura reestructuración a la Constitución actual. No se olvide que al aplicar la sanción capital el Perú estaría desacatando los acuerdos internacionales que rigen respecto a este tema. La Convención Americana sobre Derechos Humanos suscrita en la Conferencia Interamericana sobre Derechos Humanos realizada en San José, Costa Rica en Noviembre de 1969. La cual en su artículo 4º Derecho a la Vida prohíbe la extensión de la pena capital hacia otros delitos no especificados en la actualidad claro en el marco de los países que aún no han abolido la misma. Los constitucionalistas se muestran en contra de esta sanción pues la consideran un atentado hacia los derechos naturales entre ellos sino acaso el primordial derecho a la vida, además pronostican un distanciamiento por parte de la ayuda internacional acción que si tendría repercusiones graves. El debate acerca de la sanción de la pena de muerte se inicia sino en la campaña electoral de las pasadas elecciones presidenciales, el actual Presidente Doctor Alan García prometió durante su campaña aplicar duras sanciones para aquellos que atenten contra la libertad sexual. Apenas iniciado su mandato comenzó una campaña mediática auspiciada desde palacio de gobierno para situar el tema en lo mas alto de la cobertura, en un primer momento se creyó utilizar el tema como una acción política que distrajera la atención de la población recurso empleado hasta el cansancio en el gobierno anterior; empero parece tener repercusión el congreso de la República pues la parlamentaria Julia Valenzuela busca aplicar esta pena como sanción para los delincuentes que abusen sexualmente de menores de edad y los asesinen. Entonces cabe preguntarse si existe interese ocultos al interior de gobierno o acaso refleja una verdadera y sentida preocupación por el bienestar de la niñez en el país y aspirar por que no un clima de sosiego en nuestra sociedad.

A mi parecer se ha obviado aspectos relevantes en esta discusión por mas acalorada, como es la relación existente en un importante porcentaje en los casos de violación entre agresor y victima pues en muchos de los sucesos sobre todo los de mayor cobertura mediática los agresores suelen ser personas allegadas a los niños lo que acrecienta la polémica al tratarse de un familiar quien atenta contra una pequeña vida provista, hasta el momento del ataque, de inocencia, la cual jamás le será repuesta. Así se revela aspectos aún más preocupantes como el nivel cultural y educacional que ostentan por lo general las personas que incurren en este delito, monstruos como los designa la sociedad, no intento incurrir en una defensa de los violadores basado en aspectos culturales.

Sin embargo es justo reconocer el ínfimo nivel al que pertenecen estos individuos que al parecer no inmuta para nada a las autoridades quienes dejan de lado esta relación que sin duda influye no podría mencionar porcentajes, pues es bastante improbable digitalizar el impacto que el nivel cultural tiene en los actos de violación reitero desde todo punto reprobables.

Además se obvia el estado psíquico del delincuente en estos casos, es probable que dicho ser haya sufrido conflictos durante su crecimiento, tampoco se piense se pueda utilizar el estado mental como excusa para librar a estos individuos de condenas por demás ejemplares, pero debe tenerse en cuenta que en algún momento de su crecimiento han sufrido maltratos, objeto por que no hasta de agresiones sexuales, psicológicas, su niñez ha podido transcurrir e una ambiente esta demás decirlo inadecuado para el normal desarrollo de un niño no se olvide que en algún momento los llamados monstruos fueron criaturas indefensas y maltratadas como las que ahora se convierten en sus posibles victimas. Es bastante cierto que la población indignada ante los abusos cometidos no tenga la menor voluntad de entender razones de esta índole, se comprende su dolor al solo pensar en las tiernas criaturas quienes han sido dejadas a su suerte por las autoridades pues si existe responsabilidad en el tema seria las benevolentes condenas que se aplican a los violadores en nuestros días lo que ha originado una desconfianza por parte de la población en el sector judicial pues este se ha mostrado inoperante al juzgar a criminales quienes han causado, no se olvide, un daño irreparable en los niños. Es entonces insensato pensar en un poder judicial eficaz que pueda aplicar con total parcialidad una pena demás rigurosa. Acaso los jueces que son constantemente criticados por su falta de entereza, ética y por sobre todo capacidad de servicio sean capaces de atribuir en el nivel esperado la pena capital, entonces al contar con miembros ineficientes del sector judicial quienes no acatan las duras condenas que se establecen en el Código Penal del Perú previsto en el articulo 170º el cual refiere al delito de violación sexual, específicamente al caso de violación a menores de edad tipificado en el articulo 173º del código mencionado. Es por esta razón al existir las sanciones pensadas adecuadas, pero condenadas a simples artículos pues no se aplican en la realidad que la población busca la solución en la condena de muerte para finalizar de una vez y por todos estos látigos que castiga nuestra niñez constantemente.

Al castigar a alguien que es considerado culpable, perseguimos sobre todo tres objetivos: (1) Retribuir el daño que el culpable ha infligido a otras personas. (2) Lograr que el culpable aprenda de sus errores y, de esta manera, logre su reinserción a la sociedad. (3) Intimidar a potenciales delincuentes futuros. La argumentación a favor de la pena de muerte se basa en el primer y el tercer objetivo: Se considera que el daño hecho es tan grande que la única retribución justa consiste en terminar con la vida del delincuente. Además, se argumenta que la pena capital ahuyentará a otras personas con las mismas intenciones.

El primer argumento es problemático, pues se basa en el principio del ojo por ojo, diente por diente, es decir, en retribuir el daño causado con ese mismo daño: El niño que recibe un puñetazo devuelve otro puñetazo. Según esta lógica, un asesinato ha de ser retribuido con la ejecución y un violador debería ser violado.

Lo cual nos conduce al absurdo, pues la justicia se vería obligada a cometer los delitos que ella misma prohíbe por inhumanos. El castigo justo no implica hacer lo mismo, más bien se trata de castigar recortando la libertad del delincuente con mesura, respetando ciertos parámetros básicos que demuestran que la justicia no se rebaja al mismo nivel de la fechoría.

De este modo, el castigo justo respeta el derecho a la vida y la integridad física y moral del delincuente. En las cárceles, el condenado no puede ser torturado ni aislado eternamente de otras personas, por más atroz que haya sido su delito. Por supuesto, estas condiciones no están dadas en las cárceles superpobladas del Perú donde los delincuentes más poderosos deciden sobre las vidas del resto.

En el Perú, es poco probable que un delincuente que haya cumplido su pena esté en capacidad de reinsertarse a la sociedad. Resulta, pues, por lo menos igual de importante hablar sobre las necesarias reformas en el sistema penitenciario, tema obviado por completo en el discurso inaugural de García.
El segundo argumento (la pena de muerte ahuyentará a posibles futuros delincuentes) es endeble en tanto no existe estudio que demuestre que, en países con pena de muerte, el índice de asesinatos sea menor (fuente: Amnistía Internacional).

Otro argumento importante en contra de la pena de muerte es la imperfección humana. Todos los seres humanos, incluyendo a la prensa, los jueces y testigos, están sujetos a cometer errores. Por lo tanto, siempre existe la posibilidad de que una persona inocente sea condenada a muerte, lo cual es un hecho irreversible. Aunque sólo haya un inocente entre cien culpables: Esa muerte no se podría justificar. En vista de esta posibilidad, la pena privativa de libertad resulta preferible, pues ésta no es irreversible.

Tal como señala el jurista Franciso Eguiguren, castigar a los violadores de menores a cadena perpetua sin beneficio penitenciario sería una posible alternativa a la pena de muerte.

Como se he detallado aplicar la pena capital como sanción para los agresores sexuales de menores de edad quienes además asesinan a sus victimas es de por si un tema que reviste complejidad, en el cual se vierten diversos componentes de distintas índoles: jurisdiccional, moral, psicológico, cultural, penal, que no debe ser tomado con ligereza pues comprende en si una alternativa irreparable para frenar estos acontecimientos.

En conclusión personal la pena capital resultaría para mí una pena anti - constitucional que viola el derecho primigenio de todo ciudadano sin distinguir su condición judicial, además de acrecentar la brecha ampliamente marcada entre aquellos ciudadanos que cuentan con inmunidad judicial sobrepasando por sobre todas las normas que rigen nuestra sociedad, acaso no es realista pensar que dicha solo se aplicaría a quienes con cuenten con una eficaz defensa, una condena para quienes residen en los lugares marginales de nuestro país, a los que es fácil encarcelar pues no cuentan con las influencias de quienes visten de saco e intentan ser indiferentes a la realidad de la gran mayoría de los miembros de esta nación.

Antes de finalizar el tratado quiero mencionar a parecen ser obviados en el debate pero que en la practica resultan ser los mas afligidos las victimas de estas atroces situaciones, quienes se ocuparan de ellos de curar sus heridas, de repara el daño ocasionado no solo por aquel canalla que no considero mas allá de sus bajas pasiones, sino en general por la sociedad que los abandona y que ahora reclama la mayor de las sanciones para los agresores. Acaso los padres de condición humilde que tienen que salir día a día para buscar el sustento de su hogar dejando a sus niños indefensos, son ellos quienes solos deben enfrentar la situación tan difícil que la vida les presenta; instruir a un niño mermado en sus capacidades olvidado por la sociedad que ahora aboga por ellos pero que solo lo hace buscando sanciones que en nada repara el daño ocasionado, pues estoy convencido que ninguna condena les devolverá la inocencia arrebatada. Entonces cuando entenderemos que la mejor solución esta en la prevención, no en la condena.

Anexos:

CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS SUSCRITA EN LA CONFERENCIA ESPECIALIZADA INTERAMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS
San José, Costa Rica 7 al 22 de noviembre de 1969.
CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS
(Pacto de San José)

Artículo 4. Derecho a la Vida
1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.
2. En los países que no han abolido la pena de muerte, ésta sólo podrá imponerse por los delitos más graves, en cumplimiento de sentencia ejecutoriada de tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca tal pena, dictada con anterioridad a la comisión del delito. Tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se la aplique actualmente.
3. No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido.
4. En ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por delitos políticos ni comunes conexos con los políticos.
5. No se impondrá la pena de muerte a personas que, en el momento de la comisión del delito, tuvieren menos de dieciocho años de edad o más de setenta, ni se le aplicará a las mujeres en estado de gravidez.
6. Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la pena, los cuales podrán ser concedidos en todos los casos. No se puede aplicar la pena de muerte mientras la solicitud esté pendiente de decisión ante autoridad competente.

Panorama general
La situación de las niñas, niños y adolescentes peruanos

El abuso sexual contra las niñas tiene una prevalencia de 19,5%. En 8 de cada 10 casos, el abusador es parte del entorno familiar de la víctima, y 6 de cada 10 embarazos de niñas de 11 a 14 años tienen como causa el incesto o la violación, situación que muestra una clara violencia de género. La magnitud de la explotación sexual comercial infantil se estima que aumenta en Lima y en las ciudades que han experimentado un crecimiento en las actividades mineras y agrícolas y una alta concentración turística, y en contextos de exclusión geográfica donde persisten la impunidad y ausencia del Estado. Otras formas de violación de derechos de los niños son la no inscripción en registros civiles (alrededor de 28% de los nacimientos anuales no son registrados); la incorporación temprana al trabajo de cerca de dos millones de niños y adolescentes; la explotación económica de niños y niñas en basurales, minería, mendicidad en la calle, trabajo infantil doméstico y trabajo rural; y la privación de libertad de niños y niñas (de aproximadamente 3.500 menores de 18 años privados de su libertad, 70% están forzados a vivir en instituciones y 30% están encarcelados por conflicto con la ley penal).


Violación Sexual
Siete de cada diez casos de violación tienen como victimas a mujeres de todas las edades (ENDES 2000). De cada cien casos de violación sexual, 10 son menores entre 0 y 5 años; veintisiete tienen entre 6 y 12 años; 51 tienen entre 13 y 17 años. Según estos datos, 88 de cada cien casos de violación sexual tienen como víctimas a menores de edad.
Contrariamente a lo que se presume, gran parte de los casos de violencia sexual son cometidos por los familiares más cercanos, especialmente padre, hermano, tío o padrastro. De hecho, el 21.9% de los casos de violencia sexual ocurre dentro de las propias familias y el 15.5% en casas de amigos y familiares (ENDES 2000).
De otro lado, la investigación “Violencia sexual y física contra las mujeres en el Perú. Estudio multicéntrico sobre la violencia de pareja y la salud de las mujeres” (OMS, Flora Tristán, Cayetano Heredia, 2002), reporta que el 23% de las mujeres de Lima y el 47% de Cusco han sufrido violencia sexual por parte de su pareja.
La violencia sexual es definida como toda acción de carácter sexual que se realiza hacia otra persona, en contra de su voluntad. Se da a través de tocamientos, agresiones sexuales, gestos de carácter sexual y violación sexual.
La violencia sexual atenta contra el derecho a la libertad sexual, la cual es entendida como el derecho a decidir si se desea tener relaciones sexuales o no.

Es la facultad que tiene cada uno/a de decidir el momento, la forma, el lugar y la persona con quien desea tener relaciones sexuales, contando con la plena voluntad del/a otro/a.
Las mujeres casadas pueden ser también víctimas. Ellas tienen un compromiso referido a la fidelidad, pero no de acceder a todos los requerimientos sexuales de su pareja, menos aún de sostener relaciones sexuales contra su voluntad y por la fuerza. Ninguna persona pierde su derecho a decidir sobre su sexualidad por estar casada o por tener pareja.
La violencia sexual es un hecho que atenta contra la integridad física y psicológica de las personas y deja daños difíciles de ser superados. A esto se suma la ausencia de servicios que atiendan las secuelas físicas y emocionales que deja una violación.
La violación también implica el riesgo de contraer el VIH/Sida o cualquier otra enfermedad de transmisión sexual, o de quedar embarazada, que en estos casos la probabilidad es tres veces mayor. Estos temores incrementan el sufrimiento de la víctima.
Es un punto urgente de la agenda política ofrecer a las víctimas de violencia sexual una ayuda que comprenda tanto el aspecto jurídico, como el apoyo médico y psicológico para superar en el menor tiempo posible el trauma de la violación. En este proceso es fundamental la ayuda que pueden brindar la familia y amigos/as más cercanos.